MINISTERIO DE VIVIENDA: POLITIQUERÍA, CAOS ADMINISTRATIVO Y DESAMPARO SOCIAL

Crónicas del Este 07/01/2024 Política

Sergio Secinaro

El Ministerio de Vivienda de Uruguay, una entidad que debería ser la esperanza de miles de familias en busca de un techo digno, se ha convertido en un escenario de corrupción, caos administrativo y desamparo social. La destitución de Irene Moreira, miembro de Cabildo Abierto, por otorgar viviendas por recomendación política a correligionarios y allegados, es solo la punta del iceberg de un problema sistémico que persiste bajo el actual ministro Raúl Lozano.
Un informante anónimo ha revelado documentos impactantes a Crónicas del Este, exponiendo prácticas cuestionables que persisten en el Ministerio. Estas prácticas incluyen listas de personas recomendadas por autoridades políticas, las cuales aún parecen tener vigencia, y la asignación de viviendas bajo la modalidad de compra con irregularidades que van desde declaraciones juradas falsas hasta la falta de seguimiento en el pago de cuotas.
Las planillas filtradas revelan una realidad desoladora, con familias acumulando deudas durante años sin consecuencias. El Ministerio, que debería velar por la veracidad de las declaraciones juradas y realizar inspecciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos, carece del personal necesario para llevar a cabo estas tareas fundamentales. Incluso se ha detectado el absurdo caso de familias que reciben subsidios de alquiler y no viven en el país.
La demora de aproximadamente 60 días para calcular nuevas cuotas plantea una pregunta crítica: ¿cómo afrontar los pagos cuando, por ejemplo, una familia es enviada al seguro de paro? Mientras tanto, casos de impagos de cuotas durante años persisten sin un seguimiento adecuado, sumiendo a las familias en un ciclo interminable de deuda.
La falta de sanciones por declaraciones juradas falsas y la ausencia de un mecanismo de control para evitar estas prácticas reflejan la negligencia institucional que permite el abuso del sistema. Las viviendas entregadas, en su mayoría, presentan problemas edilicios significativos, como filtraciones de agua y pisos que estallan, mientras el Ministerio evade responsabilidades y obliga a las familias a costear las reparaciones.
La demora en la asignación de viviendas, según las empresas constructoras, es consecuencia de decisiones políticas que priorizan intereses partidarios sobre las necesidades de la población. La falta de apertura de inscripciones para sorteos en edificios terminados hace años, como el "Gasómetro" o el ubicado en Timote y Vitoria, ilustra una gestión desastrosa y orientada por consideraciones electorales.
Además, se ha revelado que el Ministerio de Vivienda carece de un área social adecuada, relegando funciones cruciales a estudiantes pasantes en lugar de profesionales capacitados.
El informante decía a Crónicas del Este sobre el caso de una estudiante que fue designada como Trabajadora Social de la Dirección Nacional de Vivienda (DINISU) sin estar la Universidad de la República enterada ni involucrada en la decisión. ¿Bajo qué criterio? No se hizo llamado, ¿por qué una estudiante si y otra no? ¿Es un cargo para una estudiante o para alguien con mayor experiencia en el área?
Esta persona que pidió anonimato, nos agregó que cada 30 días las autoridades de todo el país enviaban listas de personas para “asesorar” o beneficiar directamente con algún programa de acceso a vivienda (subsidio o compra de vivienda). Entre las autoridades que se aprecian se pueden leer nombres y palabras en clave, como lo son: Irene Moreira (Artigas, Tacuarembó, Montevideo, Canelones, etc.), Manini, Elsa, Roel Bottari, Perrone (Canelones), Camargo, Albornoz, Radiccioni, Traibel (Colonia), Nazmi (Rivera), Cintia, Hunter (Rivera), y desde "K" (Durazno) "Presidencia", "Subsecretario", "Recepción", "Carta", "Formulario" y "Correo".
Este escándalo en el Ministerio de Vivienda deja al descubierto un sistema desgastado y corroído por la corrupción, la incompetencia y la falta de voluntad política para abordar las necesidades reales de la población. Uruguay merece una administración más ética y eficiente en el sector de vivienda, lejos de la negligencia que ha caracterizado a este ministerio.