LAS REPERCUSIONES DEL ESCÁNDALO DE LA UTU TRAS LA PUBLICACIÓN DE CRÓNICAS DEL ESTE

Crónicas del Este 19/01/2025 Política

Sergio Secinaro

En la pasada edición de Crónicas del Este, una serie de audios filtrados y denuncias alarmantes sobre la gestión de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) no solo sacudieron a las autoridades del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CODICEN), sino que también generaron un fuerte debate sobre la ética, la transparencia y la corrupción en el ámbito público. Este escándalo, que involucra a figuras claves de la institución, ha dejado al descubierto presuntos manejos irregulares en el manejo de recursos públicos y, lo que es aún más grave, el posible encubrimiento de estos hechos por parte de altos funcionarios del gobierno.
El núcleo de la controversia recae sobre dos personajes prominentes de la UTU: Juan Pereyra De León, Director General de la institución y miembro del Partido Colorado, y Carlos Gonzo, Director de Planificación Estratégica. Ambos se encuentran en el centro de una trama que implica corrupción, abuso de poder y manipulación de recursos públicos para fines personales o partidarios, una situación que ha generado una profunda preocupación en los empleados, los sindicatos y la sociedad en general.
La Denuncia de los Empleados y la Manipulación de Compras
Los testimonios de varios empleados de la UTU revelan que la corrupción no era algo aislado, sino que parecía estar profundamente arraigada en las prácticas cotidianas de la institución. Uno de los casos más destacados involucra a Carlos Gonzo, quien según los testimonios y los audios filtrados, habría instado a los empleados a cargar compras personales a nombre de la institución, una clara violación de las normas de manejo de fondos públicos. En un grupo de WhatsApp, Gonzo habría solicitado a una funcionaria que comprara fruta y registrara la factura a nombre de la UTU para "justificar la caja chica" de la institución. Este tipo de solicitudes no solo evidencian una manipulación contable, sino que también indican un intento deliberado de ocultar gastos personales bajo la fachada de una institución pública.
Las implicaciones de estos actos son sumamente graves. No solo se trata de un abuso de los recursos públicos, sino que también se está poniendo en riesgo la integridad financiera de la UTU y, por ende, la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. Al utilizar recursos de la UTU para fines personales, Gonzo y otros involucrados estarían cometiendo un acto de malversación de fondos, un delito que no solo afecta a los contribuyentes, sino que también socava los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
La Subdirectora Laura Otamendi: Un Testimonio Revelador
Lo que añade aún más contundencia al caso es el testimonio de Laura Otamendi, subdirectora de la UTU, quien se ha convertido en una de las voces más críticas de la gestión de Pereyra y Gonzo. En una serie de audios obtenidos por Crónicas del Este, Otamendi denuncia presuntos actos de corrupción y abuso de poder dentro de la institución, señalando específicamente a los jerarcas colorados Juan Pereyra y Carlos Gonzo. Además, Otamendi expresa su frustración por la falta de apoyo que recibió al intentar exponer estas irregularidades, especialmente por parte de su propio partido, el Partido Nacional.
En uno de los audios, Otamendi se refiere a la inacción de los responsables políticos, mencionando que Enrique Charquero, Director de Recursos Humanos, había denunciado las irregularidades de manera semanal, pero que tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el entonces ministro Robert Silva no tomaron medidas para investigar la situación. Según Otamendi, la respuesta de los altos funcionarios fue que no podían intervenir debido a la cercanía de las elecciones: "Luis y Delgado lo sabían, les explicaba todo. ¿Y qué respondían? 'No podemos, tenemos que ganar las elecciones'". Esta afirmación sugiere que, a pesar de ser conscientes de la denuncia de corrupción dentro de la UTU, las autoridades decidieron no actuar por motivos políticos, priorizando la victoria electoral por encima de la integridad institucional y la justicia.
Este testimonio de Otamendi no solo pone en evidencia una posible complicidad dentro del Partido Nacional, sino que también sugiere un encubrimiento por parte de figuras de alto rango dentro del gobierno. La afirmación de que altos políticos estaban al tanto de las irregularidades y, sin embargo, decidieron no actuar, plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética de la administración pública en Uruguay.
Biometría y sus contratos
El nombre de una empresa llamada Biometría resalta entre las irregularidades denunciadas, con vínculos a Ramiro Nantes, señalado como amigo cercano de Carlos Gonzo. Según audios filtrados, incluso la subdirectora de UTU, Laura Otamendi, expresó sus dudas sobre este contrato:
"Se plantearon irregularidades en los expedientes de Biometría y todo lo relacionado con Gonzo. Se hizo varias veces, pero quedamos solos levantando la mano en contra., dijo Otamendi en un audio"
La Reacción del Sindicato de Funcionarios de la UTU
Las denuncias presentadas por Crónicas del Este no pasaron desapercibidas para los sindicatos de la UTU, que rápidamente se hicieron eco de los hechos. La Asociación de Funcionarios de la UTU (AFUTU) emitió un comunicado en el que exigió una investigación urgente sobre las irregularidades denunciadas, especialmente considerando que estas prácticas no eran nuevas. El sindicato recordó que, desde hace tiempo, había denunciado que la gestión de Juan Pereyra estaba marcada por autoritarismo y una falta de transparencia, algo que ahora se confirma con las revelaciones de corrupción.
En su comunicado, AFUTU también destacó el hecho de que el propio Juan Pereyra había reconocido estar al tanto de las irregularidades, pero no había tomado medidas para investigarlas o sancionar a los responsables. El sindicato instó a que la investigación fuera llevada a cabo de manera externa, ya que la estructura jerárquica dentro de la UTU estaba completamente supeditada a la Dirección General. Además, demandaron que Pereyra fuera separado de su cargo mientras se realizaba la investigación para garantizar la máxima transparencia y evitar posibles obstrucciones en el proceso.
La Respuesta de Carlos Gonzo
En un intento por defender su honor y su integridad, Carlos Gonzo solicitó un derecho a réplica, el cual fue publicado por Crónicas del Este. En su declaración, Gonzo reconoció que había solicitado a los empleados de su dirección que presentaran facturas apócrifas, pero justificó sus acciones al argumentar que era una práctica común dentro de la administración pública y que las instrucciones dadas no constituían una irregularidad grave. Esta declaración ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que consideran que Gonzo está minimizando la gravedad de sus actos.
El derecho a réplica de Carlos Gonzo ofrece una defensa detallada de su gestión y refuta varias de las acusaciones publicadas en Crónicas del Este. Sin embargo, aunque sus explicaciones pueden ser consideradas como un intento legítimo de aclarar su posición, las denuncias que han salido a la luz no deben ser tomadas a la ligera. Si bien Gonzo asegura que no hubo presión indebida sobre los empleados y que las solicitudes de facturas fueron realizadas de manera consensuada, el hecho de que se hayan solicitado facturas personales para justificar gastos institucionales sigue siendo una práctica cuestionable desde el punto de vista ético y legal.
El hecho de que Gonzo haya reconocido que la factura original presentada no era válida y que solicitó la colaboración de los funcionarios para "resolver" la situación refleja una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Además, su defensa sobre la empresa Biometría, aunque plausible, no descarta la necesidad de una investigación independiente para esclarecer cualquier posible irregularidad en las licitaciones de la UTU.
La Reacción del CODICEN Ante la gravedad de las acusaciones, el CODICEN no tardó en reaccionar. Los consejeros del organismo emitieron un comunicado el 13 de enero de 2025, en el que solicitaron que se actuara de oficio para llevar a cabo una investigación administrativa urgente sobre los hechos descritos en las publicaciones de Crónicas del Este. El comunicado señala que los audios y las denuncias son lo suficientemente serios como para justificar una investigación inmediata y exhaustiva, y que la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP) debe ser el punto de partida de esta indagatoria.
Los consejeros del CODICEN han solicitado que se analicen a fondo los comprobantes de gastos cuestionados, los contratos involucrados y la posible intervención de personas ajenas a la función pública en los procesos de compra. La petición de los consejeros es clara: una investigación profunda que no deje espacio para la impunidad.
Conclusión
El escándalo en la UTU no es solo un caso de corrupción en una institución pública; es un reflejo de las prácticas que, lamentablemente, han llegado a formar parte de la administración pública en algunos sectores. El encubrimiento de estas irregularidades por parte de figuras políticas de alto rango y la falta de acción por parte de las autoridades competentes subrayan la necesidad de una reforma profunda en la gestión pública del país.
Las denuncias y los testimonios filtrados a Crónicas del Este han destapado una red de corrupción que no debe ser ignorada. La sociedad uruguaya y los funcionarios públicos merecen instituciones transparentes y responsables. Este caso debe servir como un punto de inflexión para fortalecer los mecanismos de control y para garantizar que aquellos que malversan los recursos públicos enfrenten las consecuencias de sus actos. La lucha por la justicia y la transparencia en la UTU no solo es urgente, sino necesaria para salvaguardar la integridad de las instituciones y el bienestar de los ciudadanos.